Montería, 29 de mayo de 2026. El río Sinú llegó al centro del debate académico y jurídico en la Universidad de Córdoba durante el conversatorio “Río Sinú, su cuenca y sus afluentes como sujetos de derecho: texto y contexto”, un espacio que reunió a investigadores, líderes ambientales, docentes y estudiantes para discutir el futuro ambiental y social del principal afluente del departamento.
El evento, realizado en la Biblioteca Misael Díaz Urzola, puso sobre la mesa la posibilidad de que el río Sinú reciba un reconocimiento similar al otorgado en Colombia a los ríos Atrato, Cauca y Magdalena, considerados sujetos de especial protección o víctimas del conflicto armado.
El jefe del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Córdoba, Hugo Paternina Espinosa, explicó que el debate responde a una nueva mirada del derecho frente a la naturaleza.
“Durante muchos años el derecho estuvo centrado en una visión antropocéntrica. Hoy existen experiencias que permiten hablar de enfoques ecocéntricos, entendiendo que la naturaleza también sufre afectaciones y requiere protección jurídica”, señaló.
Paternina recordó que la Corte Constitucional ya había advertido desde 1999 sobre la necesidad de recuperar los humedales y ecosistemas asociados al río Sinú, especialmente en la zona de Lorica, debido al deterioro ambiental causado por distintas intervenciones sobre el territorio.
También mencionó decisiones recientes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que reconocieron a los ríos Cauca y Magdalena como víctimas del conflicto armado interno, tras años de violencia, desapariciones y degradación ambiental.
“Este conversatorio se inscribe en esa discusión nacional para que el río Sinú también sea reconocido por la justicia colombiana como sujeto de derechos o como víctima del conflicto armado”, afirmó.
Uno de los invitados centrales fue Herman Martínez Gómez, articulador de la Red Nacional de los Ríos y de la plataforma Defendamos el Río Magdalena, quien insistió en que proteger los ríos también significa proteger a las comunidades que dependen de ellos.
“El río es territorio. Allí hay cultura, economía, relaciones sociales y formas de vida. Cuando hablamos de derechos del río, también hablamos de los derechos de las personas que viven alrededor de él”, expresó.
Martínez aseguró que en Colombia existen más de mil ríos y que actualmente cerca de 22 avanzan en procesos de reconocimiento jurídico como sujetos de derechos. Añadió que la movilización social será clave para impulsar una futura Ley de Ríos en el país.
Por su parte, la profesora Edith Cadavid Velásquez, investigadora en educación ambiental intercultural, llamó la atención sobre la necesidad de fortalecer la formación ambiental desde las aulas y recuperar la relación entre las personas y la naturaleza.
“Muchas veces olvidamos que el ambiente es la base de la vida. La naturaleza nos alimenta, nos protege y sostiene nuestra existencia. Cuidarla debe ser una prioridad en cualquier proceso educativo”, manifestó.
Por su parte, la docente e investigadora María Alejandra Taborda planteó la necesidad de entender el río más allá de una visión física o geográfica.
“El río también es memoria, historia y relación con las comunidades. No puede verse únicamente como un recurso natural o una estructura física”, explicó.
La investigadora recordó cómo las antiguas comunidades del Caribe desarrollaron sistemas hidráulicos para convivir con las crecientes y períodos de sequía sin alterar el equilibrio natural del territorio.
Igualmente, el profesor Rubén Godoy advirtió sobre la situación de los humedales asociados al río Sinú y la necesidad de revisar las transformaciones que ha sufrido el territorio por las intervenciones humanas y los cambios en la dinámica natural del río. Durante el conversatorio, señaló que el deterioro ambiental, la presión sobre los ecosistemas y las alteraciones en el comportamiento hídrico han impactado directamente a las comunidades que dependen de estos espacios para su sustento y equilibrio ambiental.
El conversatorio fue organizado por estudiantes de noveno semestre del programa de Derecho, junto con el Departamento de Ciencias Jurídicas y otras dependencias académicas de la Universidad de Córdoba.
El rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Miguel Torres Oviedo, ha reiterado en diversas oportunidades que estos espacios permiten conectar la academia con las problemáticas reales del territorio y aportan al análisis de los desafíos ambientales y sociales que enfrenta la región.
